23 de enero 2012
Político e Institucional
La función principal del Estado es estar al servicio del desarrollo integral de los y las ciudadanas. Por ello, creemos necesario avanzar hacia un Estado capaz de impulsar con rapidez políticas públicas que brinden soluciones a los problemas de la sociedad y de construir un trato cordial con los ciudadanos para renovar su legitimidad y credibilidad. La relación entre calidad institucional y gobernabilidad refleja cuan importante es la existencia y cumplimiento de reglas de juego compartidas entre todos y todas. Esto incluye tanto las capacidades del gobierno para proveer bienes y servicios públicos, como las capacidades del sector privado para manejarse con reglas claras y comprometerse con fines colectivos. Las propuestas deben acompañar esta manera de entender lo público con la creación de un nuevo trato entre los ciudadanos y el Estado y los ciudadanos entre sí.
La organización de un Estado debe estar al servicio del ciudadano y trabajar en la eficacia de la administración pública.
Para ello es necesario superar la excesiva burocratización y centralización de los circuitos administrativos, la superposición de criterios para la resolución de problemas y las lógicas rutinarias. Paralelamente, aplicando tecnologías al servicio de la ciudadanía para simplificar procedimientos, reducir tiempos de repuesta y mejorar la atención brindada a las instituciones y los ciudadanos. En este sentido la profesionalización y transparencia de los recursos humanos estatales junto con el fortalecimiento de los sistemas de información constituyen elementos claves en este proceso.
Aspiramos a un Estado activo y solidario basado en la legalidad, y donde el manejo de los recursos públicos sea reglado en base a criterios objetivos, transparentes y equitativos. Debe estar dotado de capacidades de gestión y comprometido con mecanismos de rendición de cuentas.
Promovemos la descentralización estatal como una forma de otorgar poder de decisión a todos los estamentos, y no en el sentido neoliberal de descargar responsabilidades sin los recursos necesarios.
Es por ello que la reforma del Estado debe ser concebida como un cambio en las relaciones entre diferentes actores y agentes económicos, políticos y administrativos, y no como la alteración del organigrama del gobierno.